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El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua celebró su primera sesión extraordinaria de manera presencial el 16 de febrero de 2026, con sede en las instalaciones del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), contando con los medios de comunicación presentes.

En esta sesión, los siete integrantes del Comité aprobaron por unanimidad un posicionamiento institucional respecto a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en el conflicto competencial 20/2025, que asignó al fuero federal la carpeta penal contra el exgobernador J.C.J. por presunto peculado agravado de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales, al considerar que estos recursos mantienen naturaleza federal tras su transferencia al estado.

El Comité critica la resolución por confundir participaciones federales —recursos de libre disposición que se integran al patrimonio estatal— con aportaciones federales etiquetadas, lo que podría derivar en una federalización indebida de competencias en situaciones de corrupción, desplazando a las autoridades locales de fiscalización, investigación y sanción, y debilitando gravemente los sistemas nacional y estatal anticorrupción y de fiscalización.

Se advierten consecuencias graves: posible monopolio de la Auditoría Superior de la Federación sobre la revisión de participaciones federales, impedimento para fiscalías y tribunales locales en entidades con alta dependencia de fondos federalizados (hasta más del 90% del presupuesto), y afectación general al federalismo en el combate a la corrupción. El posicionamiento respeta la independencia judicial, llama al diálogo institucional entre autoridades federales y estatales, y solicita revisar a fondo los criterios adoptados. Se ordenó enviar el documento al Sistema Nacional Anticorrupción, al Sistema Nacional de Fiscalización y a los comités locales del país.

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El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua celebró de manera presencial su primera sesión ordinaria de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, donde se aprobaron acuerdos operativos y se encendieron alertas por una reciente resolución de un Tribunal Colegiado Federal.

Con la asistencia de todos los integrantes del Comité Coordinador, se aprobó el calendario de sesiones ordinarias correspondiente al periodo febrero 2026–enero 2027.

En esta ocasión, el Comité contó con la presencia de Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control del municipio de Chihuahua, como invitada institucional, en seguimiento a un acuerdo previo para abrir espacios de diálogo con los órganos de control municipales.

Uno de los puntos más importantes se abordó en asuntos generales, donde las y los integrantes del Comité analizaron una resolución emitida por un Tribunal Colegiado Federal relacionada con un conflicto competencial, la cual interpreta que las irregularidades en el manejo de recursos federalizados deben ser conocidas exclusivamente por autoridades federales.

Las y los participantes advirtieron que dicha resolución confunde el régimen jurídico de las aportaciones federales con el de las participaciones federales, al aplicar criterios previstos para las primeras a recursos que, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, pertenecen al ámbito de libre disposición de las entidades federativas y municipios.

De acuerdo con lo expuesto, esta interpretación podría generar consecuencias graves, al limitar las facultades de fiscalización, investigación y sanción de instancias locales como la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, particularmente en estados cuyo presupuesto se integra mayoritariamente por recursos federalizados.

Las y los integrantes del Comité coincidieron en que el criterio adoptado por el tribunal federal representa un precedente riesgoso, ya que podría ser solicitado en otros casos, afectando la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción y el propio Sistema Nacional de Fiscalización.

Ante este escenario, el Comité Coordinador acordó realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo de la resolución, con el objetivo de construir una posición institucional conjunta que permita defender el marco constitucional de competencias y garantizar que las autoridades estatales continúen ejerciendo sus atribuciones en el combate a la corrupción.

La sesión concluyó con el compromiso de las instituciones integrantes del SEA de actuar de manera coordinada para evitar cualquier retroceso en los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en el estado de Chihuahua.